El derecho a la vida es la facultad jurídica fundamental que garantiza la supervivencia física y la integridad del ser humano frente a la acción del Estado y de terceros. Se considera la base de todas las demás libertades, ya que sin la existencia biológica, las demás garantías carecen de sujeto activo. Este derecho implica tanto una obligación negativa (que el Estado no mate arbitrariamente) como positiva (que el Estado tome medidas para preservar la vida).
Reconocido universalmente desde la Segunda Guerra Mundial, este derecho no es absoluto y está sujeto a interpretaciones variadas según el ordenamiento jurídico. Su aplicación genera debates complejos en áreas como la pena de muerte, el aborto y la eutanasia, donde chocan la autonomía individual y el interés público.
Definición y concepto
El derecho a la vida es el fundamento sobre el cual se construye todo el edificio de los derechos humanos. Sin la existencia física del sujeto, el resto de las garantías carecen de soporte material. Se clasifica como un derecho de primera generación, también conocido como derecho civil o político, que surgió históricamente para limitar el poder absoluto de los monarcas y, posteriormente, del Estado. Estos derechos se caracterizan por exigir al Estado una acción negativa: principalmente, la obligación de "dejar hacer" o de no interferir arbitrariamente con la existencia del individuo.
La naturaleza jurídica de este derecho es peculiar. Es irrenunciable, lo que significa que el titular no puede decidir libremente dejar de tenerlo sin consecuencias legales graves, y es inalienable, es decir, no puede ser transferido a otro sujeto sin perder su esencia. Aunque en sistemas jurídicos modernos se permite la pena de muerte o el consentimiento informado en medicina, la renuncia pura y simple a la vida (como en la sucesión hereditaria o en el contrato de trabajo a vida entera) suele ser nula de pleno derecho. La consecuencia es directa: el sujeto de derecho no puede autoextinguirse jurídicamente con la misma facilidad con la que se extingue biológicamente.
Vida biológica y vida jurídica
Para comprender las tensiones legales, es necesario distinguir entre dos conceptos que a menudo se superponen pero no siempre coinciden. La vida biológica se refiere a la existencia física, medible por signos vitales y procesos metabólicos. En cambio, la vida jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. No todas las entidades con vida biológica tienen plena vida jurídica, y viceversa.
La persona humana es el ejemplo clásico donde ambas convergen, pero los límites generan debate. Un feto tiene vida biológica, pero su estatus como sujeto de derecho completo varía según la legislación de cada país. Por otro lado, una persona en estado de coma irreversible mantiene su vida jurídica plena (puede heredar, poseer bienes y ser demandada), aunque su actividad biológica sea mínima. Esta distinción es crucial para entender por qué el derecho a la vida no protege únicamente la supervivencia física, sino también la dignidad inherente al sujeto de derecho.
Dato curioso: En el derecho romano antiguo, la vida del esclavo era considerada más como un bien mueble del amo que como un derecho subjetivo completo. Fue necesario esperar hasta la Revolución Francesa y las Declaraciones de Derechos del siglo XVIII para que la vida se entendiera como un patrimonio personal inalienable.
Este derecho actúa como la llave maestra del sistema. Si el derecho a la vida se extingue, el derecho a la libertad, a la propiedad o a la igualdad pierden su objeto. Por ello, en la jerarquía de los derechos humanos, suele gozar de una protección reforzada, requiriendo a menudo una ley formal (principio de legalidad) para ser limitado, a diferencia de otros derechos que pueden restringirse mediante decretos. La seguridad jurídica exige que la privación de la vida no sea arbitraria, sino el resultado de un proceso previsible y controlado por el poder legislativo.
¿Cuál es el origen histórico del derecho a la vida?
La concepción del derecho a la vida no ha sido estática a lo largo de los siglos. Lo que hoy entendemos como una garantía fundamental contra la muerte arbitraria evolucionó desde ser un privilegio otorgado por el monarca hasta convertirse en un atributo inherente al ser humano. Este cambio de paradigma refleja una transformación profunda en cómo las sociedades entienden la relación entre el individuo y el poder político.
De la propiedad del rey al derecho natural
En el derecho romano clásico, la vida del ciudadano no era una posesión absoluta, sino que estaba sujeta a la autoridad del pater familias y, en última instancia, al Estado. Este concepto, conocido como vitae dominium, implicaba que la vida era, en gran medida, una concesión jurídica que podía ser retirada bajo ciertas condiciones legales. Durante la Edad Media, esta idea se reforzó con la noción de que la vida pertenecía al rey. El soberano tenía la potestad de juzgar y ejecutar, convirtiendo la supervivencia del súbdito en un favor real más que en una garantía inalienable.
La primera fisura en esta estructura llegó con la Carta Magna de 1215. Este documento inglés estableció que ningún hombre libre sería capturado o privado de su vida sin el juicio legal de sus pares. Aunque su alcance inicial era limitado a la nobleza y la burguesía emergente, sentó un precedente crucial: la vida requería una justificación legal para ser quitada. Sin embargo, seguía siendo un derecho civil, dependiente de la ley del lugar, no un derecho universal.
Debate actual: La tensión entre la vida como "concesión del Estado" y como "derecho natural" sigue vigente en discusiones modernas sobre la pena capital y el derecho a morir con dignidad.
La revolución de los derechos humanos
El verdadero punto de inflexión ocurrió a finales del siglo XVIII. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, surgida de la Revolución Francesa, declaró la libertad, la propiedad, la seguridad y la despotismo como derechos naturales e imprescriptibles. Por primera vez, la vida se vinculó explícitamente a la naturaleza humana, independiente de la voluntad del rey. Este enfoque filosófico, influenciado por el Ilustración, argumentaba que el Estado existía para proteger la vida, no para concederla.
No obstante, la universalidad de este derecho se puso a prueba con la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Los horrores del Holocausto y la guerra total revelaron que los derechos nacionales podían ser frágiles si no había una garantía internacional. La respuesta fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Su Artículo 3 establece de manera inequívoca que "todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".
Este texto marcó el fin de la vida como mero privilegio político. Al elevar la vida a la categoría de derecho humano fundamental, se creó un estándar mínimo que los Estados debían respetar, independientemente de su sistema legal interno. La consecuencia es directa: la muerte ya no es solo un hecho biológico o una decisión judicial local, sino una cuestión de justicia internacional. Esta evolución histórica demuestra cómo el derecho a la vida pasó de ser una protección contra el capricho del gobernante a ser el pilar sobre el cual se construyen todas las demás libertades humanas.
Marco jurídico internacional y regional
La protección del derecho a la vida se consolida como el conditio sine qua non de los demás derechos humanos. Su garantía no depende de una sola norma, sino de una red de tratados internacionales y regionales que establecen obligaciones vinculantes para los Estados firmantes. Estos instrumentos definen cuándo la vida puede ser privada legítimamente y qué garantías procesales deben acompañar a esa privación.
Instrumentos internacionales clave
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado en 1966, establece en su artículo 6 que el derecho a la vida es innato. Este texto prohíbe la pena de muerte salvo en los casos más graves de delitos, una restricción que ha llevado a muchos estados a interpretar que solo aplica a crímenes intencionales con resultado mortal. El Pacto exige que ninguna persona sea privada de la vida arbitrariamente, lo que implica la necesidad de leyes claras y procedimientos justos.
En América, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) ofrece una protección amplia en su artículo 4. Además de proteger contra la arbitrariedad, esta convención ha sido interpretada por la Corte Interamericana para incluir la protección de la vida desde la concepción, aunque este punto sigue generando debate jurídico sobre su alcance exacto frente a otros derechos fundamentales.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en su artículo 2, impone una doble obligación a los Estados europeos: una obligación negativa (no matar arbitrariamente) y una positiva (adoptar medidas adecuadas para proteger la vida). Esto significa que el Estado puede ser responsable si falla en proteger a un ciudadano frente a amenazas previsibles, como en casos de violencia doméstica o accidentes industriales.
Dato curioso: La interpretación del "derecho a la vida" ha evolucionado significativamente. Mientras que en 1948 se centraba casi exclusivamente en la protección contra el asesinato estatal, hoy incluye obligaciones positivas de protección ambiental y sanitaria en varias jurisdicciones.
| Instrumento | Artículo | Alcance básico |
|---|---|---|
| Declaración Universal (DUDH) | Art. 3 | Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. |
| Pacto Internacional (PIDCP) | Art. 6 | Derecho innato; prohibición de la pena de muerte salvo casos más graves; prohibición de la arbitrariedad. |
| Convención Americana (CADH) | Art. 4 | Toda persona tiene derecho a ser respetada; protección desde la concepción; regulación de la pena de muerte. |
| Convenio Europeo (CEDH) | Art. 2 | Nadie será privado de la vida salvo en ejecución de sentencia judicial; obligaciones positivas del Estado. |
La diferencia clave entre estos instrumentos radica en el nivel de detalle sobre la pena capital y las obligaciones positivas. Mientras el PIDCP permite la pena de muerte bajo condiciones estrictas, el CEDH, mediante protocolos adicionales, ha llevado a la práctica totalidad de Europa a abolirla. Esta divergencia muestra cómo el derecho a la vida no es estático, sino que se adapta a los valores de cada región.
¿Qué límites tiene el derecho a la vida en la práctica jurídica?
El derecho a la vida no es absoluto en la mayoría de los sistemas jurídicos modernos. Aunque se considera el derecho sine qua non (sin el cual no hay otros), los Estados pueden privar de la vida bajo condiciones estrictas. La clave jurídica no es tanto la existencia de excepciones como el control sobre su aplicación para evitar el abuso de poder.
Privación arbitraria y excepciones clásicas
El concepto central para entender estos límites es la "privación arbitraria" de la vida. No basta con que exista una ley que permita matar; el proceso debe seguir la ley, ser necesario y ser proporcional. Si un Estado ejecuta a un ciudadano sin debido proceso o con una fuerza desmedida, la muerte es arbitraria, incluso si hay una ley que lo respalde.
Las excepciones tradicionales incluyen la defensa legítima y el estado de sitio. En la defensa legítima, el uso de la fuerza letal debe ser el último recurso para salvar una vida. En un estado de sitio (o emergencia pública), el poder ejecutivo puede ampliar el alcance de la fuerza, pero siempre sujeto a revisión judicial posterior.
Dato curioso: La definición de "arbitrario" ha evolucionado. En 2026, los tribunales internacionales ya no miran solo si hubo una ley escrita, sino si la ley era predecible y justa para el ciudadano de a pie.
La aplicación de la fuerza por parte de la policía es uno de los campos más conflictivos. Un disparo por una multa de tráfico puede ser legal si la ley lo dice, pero probablemente arbitrario si se evalúa la proporcionalidad. Este matiz es crucial para estudiantes de derecho.
La pena de muerte en 2026
La pena capital es la excepción más debatida. En 2026, el mundo está profundamente dividido. Por un lado, hay una tendencia global hacia la abolición. La mayoría de los países europeos, América Latina y gran parte de África han eliminado la pena de muerte o tienen una moratoria de facto (la aplican, pero rara vez ejecutan).
Por otro lado, varios países mantienen la pena de muerte como herramienta disuasoria o retributiva. En Asia, naciones como China, Japón y Singapur la aplican con frecuencia. En Oriente Medio y en algunos estados de Estados Unidos, sigue siendo una opción común para delitos como el homicidio calificado o la traición.
El debate actual no gira tanto alrededor de la "eternidad" de la pena, sino de su eficiencia y riesgo de error. Los críticos argumentan que, dado que el sistema judicial humano es falible, una ejecución equivoca es un error irreversible. Los defensores sostienen que para ciertos crímenes, la libertad condicional no ofrece suficiente justicia para las víctimas.
La consecuencia es directa: el derecho a la vida se ejerce hoy más como un derecho a no ser matado injustamente que como una garantía de inmortalidad biológica bajo protección estatal. Entender esta distinción es fundamental para analizar casos reales.
Controversias éticas y jurídicas: aborto y eutanasia
El derecho a la vida genera tensiones éticas y jurídicas profundas, especialmente al definir su punto de inicio. La pregunta central no es solo cuándo comienza la vida biológica, sino cuándo surge la protección jurídica plena. Algunos sistemas legales sitúan el inicio en la concepción, mientras que otros lo establecen en el parto o incluso en la gestación viable. Esta discrepancia afecta directamente a debates como el aborto y la eutanasia.
Aborto: conflicto entre derechos
El derecho al aborto implica un choque entre el derecho a la vida del feto y la autonomía corporal de la mujer. No se trata solo de decidir si el feto es un "sujeto de derecho" completo, sino de ponderar cuál derecho prevalece en cada etapa del embarazo. Los tribunales constitucionales han abordado este dilema de distintas maneras. En algunos casos, se ha reconocido que el derecho a la vida del feto no es absoluto y puede ceder ante otros intereses fundamentales, como la salud de la madre o su libertad reproductiva.
Debate actual: El equilibrio entre el derecho a la vida del feto y la autonomía de la mujer sigue siendo uno de los grandes retos del derecho constitucional contemporáneo.
Por ejemplo, la Corte Constitucional de Alemania ha establecido que el derecho a la vida del feto es un derecho fundamental, pero que puede ser limitado en ciertos casos. Sin embargo, esto no significa que el derecho al aborto sea ilimitado. Cada país debe encontrar su propio equilibrio, considerando factores como la etapa del embarazo, la salud de la madre y las circunstancias sociales.
Eutanasia: autonomía vs. conservación de la vida
La eutanasia plantea otro conflicto: el derecho a la autonomía individual frente a la conservación de la vida biológica. La pregunta es si una persona tiene derecho a decidir sobre su propia muerte, especialmente cuando enfrenta enfermedades crónicas o dolores insoportables. Este debate no solo involucra al individuo, sino también a la familia, los médicos y el Estado.
La eutanasia puede definirse como la intervención directa para provocar la muerte de un paciente, generalmente mediante la administración de un fármaco. Por otro lado, la "muerte digna" hace referencia a la posibilidad de dejar de tratar a un paciente para evitar una sobrevida artificial. Ambos conceptos generan controversias éticas y jurídicas, ya que implican decidir cuándo la calidad de vida es más importante que la cantidad de vida.
En los últimos años, varios países han legalizado la eutanasia bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en España, la Ley de Eutanasia de 2021 permite que los pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas o dolores insoportables puedan solicitar la muerte voluntaria. Esta ley ha sido objeto de debate, con defensores que argumentan que la autonomía del paciente debe prevalecer y críticos que temen que la vida se vuelva más frágil.
Sentencias clave de cortes constitucionales
Las cortes constitucionales han jugado un papel crucial en la definición del derecho a la vida en relación con el aborto y la eutanasia. En 2017, la Corte Constitucional de Alemania emitió una sentencia importante sobre el derecho a la vida del feto, estableciendo que este derecho es fundamental pero no absoluto. Esto significa que puede ser limitado en ciertos casos, como cuando la salud de la madre está en riesgo.
En 2021, la Corte Constitucional de España aprobó la Ley de Eutanasia, lo que generó un debate intenso sobre el derecho a la autonomía individual. La sentencia estableció que la eutanasia puede ser considerada un derecho fundamental, siempre que se cumplan ciertas condiciones, como la enfermedad crónica y el consentimiento del paciente.
Estas sentencias muestran que el derecho a la vida no es un concepto fijo, sino que evoluciona con el tiempo y depende del contexto social y jurídico de cada país. La clave está en encontrar un equilibrio entre los derechos en conflicto, considerando tanto la autonomía individual como la protección de la vida biológica.
¿Cómo se protege el derecho a la vida frente a la acción estatal?
El derecho a la vida no se limita a la ausencia de muerte física; implica una estructura de obligaciones complejas que el Estado debe cumplir para garantizar su efectividad. Los juristas y tribunales internacionales suelen clasificar estas obligaciones en tres categorías fundamentales: respetar, proteger y cumplir. Esta tripartición permite analizar con precisión dónde falla la acción estatal cuando la vida de un ciudadano está en riesgo.
Las tres dimensiones de la obligación estatal
La obligación de respetar es la más básica: el Estado debe abstenerse de quitar la vida arbitrariamente. Esto significa que, salvo en situaciones excepcionales y estrictamente definidas (como la legítima defensa o el estado de sitio), la intervención letal del poder público debe ser la última ratio. Un disparo de policía sin previo aviso o una ejecución sumaria sin juicio constituyen una violación directa de esta dimensión.
La obligación de proteger es más activa. Requiere que el Estado tome medidas razonables para evitar que terceros (individuos o empresas) amenacen la vida. Por ejemplo, si el Estado sabe que una fábrica vierte tóxicos en un río que beben cientos de personas, pero no actúa, está fallando en su deber de proteger. No basta con que el Estado no mate; debe crear un entorno seguro donde otros no lo hagan.
Finalmente, la obligación de cumplir implica garantizar condiciones materiales y jurídicas que hagan la vida digna. Esto incluye acceso a salud básica, alimentación y seguridad jurídica. Sin estos pilares, el derecho a la vida puede volverse formal y poco efectivo para los más vulnerables.
Mecanismos de protección: Hábeas Corpus y Tutela
Para hacer valer estos derechos, los sistemas jurídicos cuentan con herramientas procesales específicas. El hábeas corpus es el recurso por excelencia para proteger la libertad física frente a la detención arbitraria. Si una persona es detenida sin causa justa o mantenida en condiciones inhumanas que amenazan su supervivencia, este mecanismo permite que un juez revise la situación rápidamente. Su eficacia radica en la celeridad: la vida y la libertad no pueden esperar meses por una sentencia.
Dato curioso: El término hábeas corpus proviene del latín y significa literalmente "tenga el cuerpo". Originalmente, se usaba para que el juez viera físicamente al detenido para verificar que no estuviera siendo torturado o mantenido en la oscuridad durante años.
En muchos países de América Latina, como Colombia, existe la acción de tutela. Este recurso es más amplio que el hábeas corpus tradicional. Permite a cualquier persona acudir a un juez para proteger no solo su libertad física, sino otros derechos fundamentales, incluida la vida, cuando estos son amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o, en algunos casos, de particulares con función pública. La tutela es rápida y busca una solución inmediata, lo que la convierte en una herramienta vital para ciudadanos comunes.
La responsabilidad por omisión: cuando el Estado no hace nada
Una de las áreas más complejas del derecho a la vida es la responsabilidad del Estado por omisión. Ocurre cuando el Estado no interviene cuando debería haberlo hecho. Un ejemplo claro es la seguridad ciudadana: si el Estado sabe que existe un grupo de delincuentes que acecha a los peatones en una zona específica, pero no envía patrullas ni instala alumbrado, puede ser responsable si alguien muere. La clave jurídica es demostrar que el Estado tenía un "deber de cuidado" y actuó con una diligencia razonable.
En salud pública, la omisión también es frecuente. Si un hospital público tiene medicamentos esenciales pero no los distribuye correctamente, o si el sistema de salud no atiende a los pacientes en un tiempo razonable, el Estado puede estar violando el derecho a la vida. Los tribunales han establecido que la responsabilidad no es siempre "a título de culpa" (error del médico), sino a veces "por riesgo de la función" (el sistema falló). Esto significa que, en muchos casos, el Estado debe responder incluso si el médico hizo todo bien, pero el sistema estaba saturado o mal organizado.
La consecuencia es directa: el derecho a la vida exige que el Estado no sea un espectador pasivo. Debe actuar con previsión, eficiencia y justicia para garantizar que la vida no sea solo un concepto legal, sino una realidad tangible para cada ciudadano.
El derecho a la vida en el contexto de la emergencia climática
El calentamiento global ha transformado la percepción jurídica del derecho a la vida, tradicionalmente vinculado a la supervivencia biológica inmediata, hacia una noción más dinámica y preventiva. La degradación ambiental ya no se considera un problema meramente económico o social, sino una amenaza existencial directa. El aumento de temperaturas extremas, la escasez crónica de agua dulce y la pérdida de biodiversidad afectan la capacidad de los individuos para mantener sus funciones vitales básicas. Esta evolución refleja un cambio de paradigma: el medio ambiente se convierte en un garante esencial de la supervivencia humana.
Amenazas concretas a la supervivencia
Los efectos físicos del cambio climático operan a través de mecanismos claros que ponen en riesgo la vida. Las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas, aumentan la mortalidad, especialmente entre las poblaciones más vulnerables como los ancianos y los niños. La escasez de agua potable genera conflictos locales y enfermedades que reducen la esperanza de vida en regiones enteras. Estos factores no son proyecciones lejanas, sino realidades presentes que los tribunales comienzan a reconocer como vulneraciones directas del derecho fundamental a vivir.
Dato curioso: En algunos fallos recientes, los jueces han comenzado a usar el término "muerte lenta" para describir cómo la inacción climática afecta a las generaciones futuras, comparándolo con una sentencia de muerte con efecto retardado.
La judicialización del clima
Los ciudadanos han recurrido a los tribunales para exigir a los estados que cumplan con su deber de proteger la vida frente a la crisis climática. Estos casos marcan un hito en el derecho ambiental internacional. En el caso Urgenda Foundation vs. El Reino de los Países Bajos, el Tribunal Supremo holandés dictaminó que el estado debía reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, basándose explícitamente en el artículo 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (derecho a la vida). Este fallo estableció un precedente importante: la inacción estatal puede ser considerada una vulneración directa del derecho a la vida.
Otro ejemplo relevante es el caso Neubauer y otros vs. Alemania, donde el Tribunal Constitucional alemán declaró que las leyes climáticas no protegían suficientemente la libertad y la vida de los jóvenes, obligando al estado a definir metas de reducción de emisiones más claras para el futuro. Estos casos muestran cómo el derecho a la vida se está utilizando como una herramienta jurídica para forzar la acción política. La consecuencia es directa: los estados ya no pueden ignorar el impacto de sus políticas ambientales en la supervivencia de sus ciudadanos.
La evolución del derecho a la vida en el contexto de la emergencia climática refleja una adaptación necesaria del sistema jurídico. Los tribunales están reconociendo que proteger la vida implica proteger el entorno que la sostiene. Esta tendencia continúa creciendo, con más casos presentándose en diferentes regiones del mundo. El derecho a la vida ya no es solo un escudo contra la intervención estatal directa, sino también una espada para exigir acción frente a la inacción climática.
Preguntas frecuentes
¿Es el derecho a la vida un derecho absoluto?
No. En la mayoría de los sistemas jurídicos, el derecho a la vida puede ser limitado en situaciones específicas, como la legítima defensa, la guerra justa o, en algunos países, mediante la aplicación de la pena de muerte tras un juicio justo.
¿Desde cuándo se considera un derecho humano fundamental?
Aunque tiene raíces en la Carta Magna de 1215 y la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, se consolidó como un derecho humano universal con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
¿Qué diferencia hay entre la protección negativa y positiva del derecho a la vida?
La protección negativa obliga al Estado a no interferir arbitrariamente (ej. no fusilar sin juicio). La protección positiva obliga al Estado a actuar para preservar la vida (ej. crear un sistema de salud pública o policía eficiente).
¿El derecho a la vida incluye el derecho a morir?
Esta es una cuestión jurídica abierta. Mientras algunos tribunales interpretan que la autonomía personal incluye la decisión sobre el momento de la muerte (eutanasia), otros mantienen que el Estado tiene un interés superior en preservar la vida del ciudadano.
¿Cómo afecta el cambio climático al derecho a la vida?
Los tribunales internacionales han comenzado a reconocer que la inacción estatal frente al calentamiento global amenaza la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, vinculando directamente la calidad del aire y el clima con la garantía vital.
Resumen
El derecho a la vida es la piedra angular de los derechos humanos, evolucionando de una simple garantía contra la muerte arbitraria del Estado a un concepto complejo que abarca la calidad de vida y las libertades reproductivas. Su aplicación varía significativamente entre regiones, generando tensiones éticas en temas como el aborto, la eutanasia y la pena de muerte.
En el contexto actual, este derecho se expande para incluir obligaciones estatales frente a amenazas no tradicionales, como la emergencia climática, exigiendo a los gobiernos no solo proteger a los ciudadanos de la fuerza bruta, sino también de los efectos acumulativos de la acción y omisión colectiva.