El derecho financiero es la rama del derecho público que regula la captación, gestión y aplicación de los recursos económicos del Estado y de otras entidades públicas. Esta disciplina jurídica establece las reglas que permiten a las administraciones públicas financiar sus gastos corrientes e inversiones, equilibrando la necesidad de ingresos con la eficiencia en el gasto público. Su función principal es garantizar que los fondos sean utilizados para satisfacer las necesidades colectivas, como la educación, la sanidad o la infraestructura, bajo principios de transparencia y control.

Esta área del derecho es fundamental para la estabilidad económica de cualquier nación, ya que conecta directamente la política económica con la acción legislativa. Sin un marco jurídico claro, la gestión de los recursos públicos podría volverse arbitraria, lo que afectaría directamente la confianza de los inversores y la calidad de vida de los ciudadanos. El derecho financiero no solo se ocupa de los ingresos, sino también de cómo se gastan esos ingresos y cómo se mide su rendimiento.

Definición y concepto

El derecho financiero constituye una rama esencial del derecho público económico. Su objeto de estudio no se limita a la recaudación de ingresos, sino que abarca el ciclo completo de los fondos necesarios para sostener la actividad del Estado y, en muchas jurisdicciones, de los agentes económicos clave. Se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan la captación, gestión, inversión y control de los recursos financieros, tanto públicos como privados, para asegurar la estabilidad y el crecimiento económico.

Es fundamental distinguir este campo del derecho tributario, una confusión frecuente entre estudiantes y profesionales. El derecho tributario se centra en la renta: es decir, en el ingreso neto obtenido por los sujetos pasivos (contribuyentes) y cómo el Estado lo grava. El derecho financiero, en cambio, se ocupa del flujo y la gestión de esos fondos una vez captados. Mientras el tributo responde a la pregunta de cuánto debe pagar el contribuyente, el derecho financiero responde a cómo el Estado administra, invierte y distribuye ese dinero para cumplir con sus obligaciones.

Diferenciación técnica: Renta versus Flujo

La distinción técnica radica en la naturaleza dinámica del objeto regulado. El derecho tributario es estático en su enfoque inicial, fijando la base imponible y la tasa. El derecho financiero es dinámico; analiza el movimiento del dinero. Esto implica que el derecho financiero regula no solo los ingresos (ingresos corrientes y de capital), sino también los gastos públicos, la deuda pública y los mecanismos de financiación a corto y largo plazo.

Dato curioso: En muchas economías desarrolladas, el derecho financiero ha evolucionado para incluir la gestión de los excedentes de tesorería del Estado, lo que convierte al Estado no solo en un gran deudor, sino también en un importante inversor en el mercado de capitales, compitiendo indirectamente con el sector privado.

Esta rama del derecho no opera en un vacío. Regula la interacción entre los principales sujetos involucrados en la economía monetaria y financiera. Estos sujetos incluyen al Estado en sus diversas manifestaciones (Tesoro Público, Ministerio de Economía), a los bancos centrales (como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal de EE. UU.), y a las empresas financieras (bancos comerciales, compañías de seguros, fondos de inversión).

El Estado actúa como el principal actor, estableciendo la política monetaria y fiscal. Los bancos centrales regulan la oferta monetaria y la estabilidad de precios, utilizando herramientas como la tasa de interés de referencia. Las empresas financieras, por su parte, canalizan el ahorro hacia la inversión, actuando como intermediarios clave. El derecho financiero establece las reglas del juego para estos actores, asegurando la transparencia, la eficiencia y la estabilidad del sistema.

La regulación abarca también la captación de fondos privados. Esto incluye la emisión de bonos soberanos, la gestión de fondos de pensiones y la regulación de los mercados de valores. El objetivo final es garantizar que los recursos disponibles se asignen de manera óptima, minimizando el riesgo sistémico y maximizando el bienestar social. Sin un marco jurídico sólido, la gestión financiera pública y privada caería en la incertidumbre, afectando directamente la confianza de los inversores y la estabilidad económica general.

En resumen, el derecho financiero es la columna vertebral que sostiene la gestión económica del Estado y la eficiencia del mercado financiero. Su estudio es indispensable para comprender cómo se toman las decisiones económicas a gran escala y cómo se asegura la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Historia y evolución del derecho financiero

El derecho financiero no nació de un solo acto legislativo, sino de la necesidad práctica de coordinar el flujo de dinero y la confianza entre los agentes económicos. Sus raíces se remontan a la Edad Media, cuando el comercio europeo requirió mecanismos para reducir la incertidumbre en las transacciones. Las letras de cambio permitieron a los mercaderes pagar deudas sin mover grandes cantidades de metal precioso, sentando las bases de la liquidez moderna. Esta evolución temprana demuestra que la regulación financiera surge para resolver fricciones concretas de mercado.

De los bancos centrales a la regulación moderna

A medida que las economías se expandían, surgieron las primeras instituciones para gestionar la moneda. En el siglo XVIII, la creación de bancos centrales como el Banco de Inglaterra buscaba estabilizar la deuda pública y controlar la oferta monetaria. Este modelo se extendió por el continente y el Atlántico, adaptándose a las necesidades de cada imperio comercial. La estructura bancaria se volvió más compleja, requiriendo normas claras sobre el respaldo de los depósitos y la emisión de billetes.

En Estados Unidos, la respuesta a las frecuentes pánicos bancarios llevó a la aprobación de la Ley de Reserva Federal a finales de la primera década del siglo XX. Esta ley estableció un sistema federal de bancos regionales bajo una autoridad central, diseñada para actuar como prestamista de última instancia. Fue un cambio estructural que separó parcialmente la banca de inversión de la banca comercial, buscando mayor estabilidad sistémica.

Dato curioso: La palabra "bancarrota" proviene del italiano "banca rotta" (banca rota). Originalmente, significaba que el banquero extendía su negocio sobre un banco físico; si el banco se rompía, la moneda dentro de él era la garantía. Si el banco se rompía, el deudor había perdido todo.

Las crisis como motor legislativo

Las crisis financieras han sido los principales catalizadores del derecho financiero moderno. El colapso de 1929 demostró que la regulación fragmentada podía llevar a una depresión global. Como respuesta, se implementaron leyes como la Glass-Steagall Act en EE. UU., que buscaba aislar el riesgo de la banca comercial del riesgo especulativo de la banca de inversión. La lección fue clara: sin supervisión, la confianza se evapora rápidamente.

La crisis financiera de 2008 volvió a sacudir los cimientos de la normativa. El colapso de gigantes bancarios y la crisis de la deuda soberana en Europa revelaron lagunas en la regulación del riesgo sistémico y la liquidez. En la Unión Europea, esto aceleró la creación del Mecanismo Único de Supervisión y la Directiva de Servicios de Pagos, que buscaban armonizar las reglas del mercado único financiero. Estas normas obligaron a los bancos a mantener mayores reservas de capital y a mejorar la transparencia de sus activos.

La evolución del derecho financiero muestra una tendencia constante hacia una mayor integración y supervisión. Las normas ya no solo regulan al banco individual, sino al sistema completo. La consecuencia es directa: la estabilidad económica depende de la capacidad de la ley para anticipar los riesgos de un mercado globalizado y en constante cambio.

¿Cuáles son las principales ramas del derecho financiero?

El derecho financiero no es un bloque monolítico. Se estructura en varias ramas especializadas que regulan distintos actores y mecanismos de la economía. Esta división permite abordar la complejidad de las relaciones jurídicas, desde la cuenta de ahorros individual hasta las fusiones globales de grandes corporaciones. Cada rama tiene su propio objeto de estudio, aunque comparten el fin último de garantizar la estabilidad y la transparencia en la circulación del dinero.

Debate actual: La aparición de las criptomonedas y los activos digitales desafía estas categorías tradicionales. ¿Son los activos digitales valores negociables en bolsa o un nuevo tipo de dinero? La respuesta varía según el país, lo que genera incertidumbre jurídica y oportunidades de arbitraje para los inversores.

Estas ramas no siempre son independientes. Un banco puede emitir bonos (derecho bancario y de mercados) y vender seguros (derecho de seguros), todo ello bajo la sombra de la regulación internacional. La interconexión es la norma, no la excepción. Comprender estas subdivisiones ayuda a identificar qué reglas aplican en cada situación concreta y cómo se protege al sujeto más débil en la relación financiera.

Marco normativo y regulación financiera

Funciones de los reguladores financieros

La regulación financiera no busca solo controlar bancos, sino garantizar que el sistema no colapse ante una crisis. Los reguladores actúan como árbitros que establecen reglas para que las instituciones mantengan suficiente capital propio para absorber pérdidas sin necesidad de rescates públicos. Esta función es vital para la confianza de los inversores y ahorradores.

Los Bancos Centrales, como la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo, suelen enfocarse en la liquidez y la política monetaria. Por otro lado, las Comisiones de Valores vigilan la transparencia de los mercados de acciones y bonos. En muchos países, existe también una Superintendencia que supervisa específicamente la salud de los bancos comerciales. La coordinación entre estos organismos evita que una falla en un sector arrastre al resto del sistema.

Dato curioso: La creación del Acuerdo de Basilea surgió tras la crisis de los años 80, cuando varios bancos internacionales fallaron sin que los reguladores supieran exactamente cuánto dinero tenían realmente. Fue una respuesta directa a la falta de transparencia.

Estándares internacionales: Basilea III y MiFID II

Los mercados financieros son globales, por lo que las reglas tienden a armonizarse. El Acuerdo de Basilea III es un conjunto de normas internacionales que exigen a los bancos mantener más capital de alta calidad. Esto significa que, antes de prestar dinero, los bancos deben tener una reserva de activos líquidos más sólida que en el pasado. El objetivo es reducir la probabilidad de quiebras simultáneas.

En Europa, la directiva MiFID II (Mercados de Instrumentos Financieros) amplió la transparencia. Obliga a las bolsas y a los bancos de inversión a revelar más datos sobre los costos ocultos y la calidad de los activos que venden a los inversores. Estas normas buscan que el inversor entienda qué está comprando, reduciendo la asimetría de información.

Comparativa regional de enfoques regulatorios

Aunque los estándares internacionales existen, cada región adapta las reglas a su contexto económico y político. No hay un modelo único perfecto; cada enfoque tiene ventajas y desventajas según la madurez del mercado.

Región Enfoque Principal Característica Clave
Estados Unidos Fragmentado y detallado Múltiples agencias (Fed, SEC, FDIC) con énfasis en la transparencia del mercado de capitales y la solvencia bancaria.
Unión Europea Armonizado y directo Reglas únicas aplicadas directamente a los bancos grandes (como en la Unión Bancaria) para reducir la fragmentación entre países.
América Latina Centralizado en el Banco Central Los Bancos Centrales suelen tener un poder fuerte sobre la regulación y supervisión, enfocándose en la estabilidad monetaria y cambiaria.

La diferencia es significativa. En EE. UU., la complejidad puede generar lagunas si dos agencias miran por debajo de la misma piedra. En Europa, la armonización busca eficiencia, pero a veces choca con las soberanías nacionales. En América Latina, la concentración de poder en el Banco Central permite reacciones rápidas ante shocks externos, como la volatilidad del dólar.

La estabilidad sistémica depende de que estas regulaciones no sean estáticas. Deben adaptarse a nuevas tecnologías, como los criptoactivos, y a los riesgos climáticos. La regulación no elimina el riesgo, pero lo hace predecible. Sin reglas claras, el mercado financiero se convierte en una carrera de obstáculos donde solo los más rápidos sobreviven, no necesariamente los más eficientes.

¿Qué diferencia el derecho financiero del derecho tributario?

La distinción entre derecho financiero y derecho tributario es fundamental para entender cómo funciona la economía de un Estado. Aunque ambos ramos del derecho público están íntimamente ligados, sus objetos de estudio y sus mecanismos son distintos. Confundirlos lleva a pensar que el dinero del Estado solo entra a través de impuestos, ignorando cómo ese dinero se gestiona, invierte y distribuye. La diferencia radica en el enfoque: el derecho tributario mira la fuente de entrada; el derecho financiero observa todo el ciclo de vida de los recursos.

El foco en el ingreso versus la gestión integral

El derecho tributario se centra exclusivamente en la relación jurídica entre el Estado y el contribuyente para generar ingresos. Su herramienta principal es el tributo, especialmente el impuesto. Analiza cómo se crea la deuda tributaria, cómo se cobra y cómo se paga. Es un derecho estático en el sentido de que se fija en el momento de la obligación de pagar. Su objetivo es asegurar que el Estado tenga fondos disponibles.

El derecho financiero, en cambio, abarca todo el proceso de gestión económica del Estado. No solo mira cómo entra el dinero, sino cómo se administra, cómo se invierte y cómo se gasta para generar valor o cubrir necesidades. Incluye el endeudamiento público, la inversión en infraestructuras, la gestión de reservas y el flujo de caja. Es un derecho dinámico que sigue el dinero desde su origen hasta su destino final. La consecuencia es directa: un buen sistema tributario llena los arcas, pero un buen sistema financiero asegura que esos arcas no se vacíen sin producir resultados.

Ejemplos concretos de aplicación

Para visualizar esta diferencia, es útil comparar dos instrumentos jurídicos distintos. Una factura es un documento típicamente tributario. Cuando una empresa emite una factura, está creando una obligación de pago que, a su vez, genera una deuda con la Hacienda Pública (como el IVA o el Impuesto sobre la Renta). El derecho tributario regula esa relación de deuda y crédito entre el contribuyente y el Estado. El foco está en la recaudación inmediata.

Un bono emitido en la bolsa de valores, por su parte, es un instrumento financiero. Cuando un Estado emite un bono, no está cobrando un impuesto a la fuerza, sino que está pidiendo prestado dinero al mercado a cambio de una futura rentabilidad. El derecho financiero regula esta operación de crédito, la liquidez de ese bono, el tipo de interés y cómo esa entrada de dinero se integra en la tesorería estatal. Aquí, el dinero no solo entra, sino que se convierte en una herramienta de gestión a largo plazo.

Dato curioso: En muchas administraciones públicas, especialmente en países en desarrollo, los departamentos de "Hacienda" y "Finanzas" suelen usar los términos casi como sinónimos. Esto ocurre porque históricamente el impuesto era la principal fuente de ingresos, por lo que gestionar las finanzas significaba, ante todo, gestionar los impuestos. Sin embargo, con la complejidad de las economías modernas, esta superposición genera ineficiencias en la toma de decisiones.

La importancia de la diferenciación en la práctica

Entender esta distinción es clave para estudiantes y profesionales. Un error común es creer que reducir impuestos siempre mejora las finanzas del Estado. El derecho financiero demuestra que no es así: reducir impuestos puede reducir los ingresos, pero si la gestión financiera es eficiente (mejor inversión, menor endeudamiento), el Estado puede mantener o incluso aumentar su capacidad de gasto. La gestión del flujo es tan importante como la magnitud del ingreso.

Además, el derecho financiero incluye aspectos que el tributario ignora por completo. Por ejemplo, la gestión de la deuda pública externa, la emisión de moneda (en algunos modelos) o la inversión de las reservas internacionales. Ninguno de estos elementos es un tributo, pero son esenciales para la salud económica de un país. Ignorarlos lleva a una visión incompleta de la economía estatal.

En resumen, el derecho tributario responde a la pregunta "¿Cuánto debemos cobrar y a quién?". El derecho financiero responde a "¿Cómo gestionamos lo que hemos cobrado y lo que hemos prestado para maximizar el bienestar público?". Ambos son necesarios, pero cumplen funciones distintas en el engranaje económico del Estado. La precisión en estos términos evita errores de política económica y mejora la transparencia ante los ciudadanos.

Aplicaciones prácticas y casos reales

El derecho financiero deja de ser una abstracción teórica cuando se aplica a la volatilidad de los mercados globales. En 2026, la regulación de activos digitales como Bitcoin y Ethereum ha pasado de ser una zona gris a un marco normativo estricto en múltiples jurisdicciones. Esto implica que las criptomonedas ya no son solo "activos virtuales", sino instrumentos sujetos a impuestos, reservas de liquidez y, en algunos casos, al derecho bancario tradicional.

Para un estudiante de economía o un joven profesional, esto cambia la forma de invertir. La compra de un token ya no es solo una decisión de mercado, sino un acto jurídico con consecuencias fiscales inmediatas. Ignorar estas normas puede convertir una ganancia de capital en una deuda imprevista.

Bancos digitales y Fintechs

Las entidades financieras sin sucursiones físicas, conocidas como Fintechs, operan bajo estrictas reglas de gobernanza corporativa. La regulación exige que estas empresas mantengan reservas de fondo y transparencia en sus algoritmos de crédito. Esto afecta directamente al consumidor: si un banco digital quiebra, el derecho financiero determina si el dinero está asegurado por un fondo de garantía de depósitos.

Dato curioso: La regulación de las Fintechs en 2026 ha obligado a muchas empresas a adoptar el concepto de "banca abierta", donde los datos del cliente son propiedad del usuario, no solo del banco. Esto cambia radicalmente la privacidad financiera.

La consecuencia es directa: la confianza ya no se basa solo en la marca, sino en la solvencia jurídica de la entidad. Los profesionales deben auditar no solo los balances, sino la estructura legal de estas nuevas instituciones.

Gestión de la deuda soberana

La gestión de la deuda de los estados es un campo donde el derecho financiero se cruza con la política internacional. En 2026, varios países enfrentan renegociaciones de deuda donde se aplican cláusulas de "país más favorecido" y acuerdos de canje. Estos mecanismos legales determinan cuánto paga un país y cómo se distribuye la carga entre los acreedores.

Para un profesional, entender estos acuerdos es vital. Una mala interpretación de una cláusula de deuda puede costar a un país miles de millones en intereses adicionales. El derecho financiero proporciona las herramientas para estructurar estos pagos de manera sostenible.

Protección al consumidor financiero

La protección al consumidor ha evolucionado para incluir la transparencia en los costos ocultos. Las regulaciones actuales exigen que los bancos y Fintechs muestren el "Costo Financiero Total" en términos comprensibles. Esto incluye comisiones por mantenimiento, intereses moratorios y cargos por servicios digitales.

Para el estudiante o profesional, esto significa que el derecho financiero es una herramienta de defensa. Saber leer un contrato financiero y entender las cláusulas de resolución de conflictos puede ahorrar tiempo y dinero. La educación financiera, respaldada por el derecho, es ahora una competencia esencial en el mercado laboral.

El derecho financiero no es estático. Se adapta a la tecnología y a las crisis económicas. Comprender sus aplicaciones prácticas permite navegar con mayor seguridad en un entorno financiero cada vez más complejo y regulado.

Desafíos actuales y futuros del derecho financiero

El derecho financiero enfrenta una transformación estructural impulsada por la convergencia entre tecnología, datos y urgencia climática. La tensión central ya no es solo entre oferta y demanda, sino entre la velocidad de la innovación y la lentitud regulatoria. Los marcos legales tradicionales, diseñados para activos tangibles y mercados horarios, luchan por contener flujos digitales casi instantáneos.

Tokenización y la redefinición del activo

La tokenización convierte derechos sobre activos reales (inmuebles, bonos, obras de arte) en tokens digitales en bloques de cadena. Esto permite la fraccionamiento de la propiedad y la liquidez de activos antes estáticos. En 2026, la Unión Europea aplica plenamente el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que establece requisitos de transparencia y reserva de activos para emisores. Sin embargo, la coordinación global sigue siendo fragmentada. Estados Unidos mantiene un enfoque basado en la Comisión de Valores (SEC), mientras que otros mercados adoptan regímenes de "valor por uso". La falta de armonización genera arbitraje regulatorio, donde las empresas eligen jurisdicciones según el costo de cumplimiento, no solo la eficiencia fiscal.

Dato curioso: Algunos bancos centrales están probando monedas digitales (CBDC) no para reemplazar el efectivo, sino para mejorar la trazabilidad de los flujos fiscales en tiempo real, reduciendo la dependencia de intermediarios tradicionales.

Inteligencia Artificial y el "Algo-trading"

El comercio algorítmico utiliza modelos de aprendizaje automático para ejecutar operaciones a velocidades y volúmenes que superan la capacidad humana. El desafío jurídico no es la tecnología en sí, sino la responsabilidad civil y la estabilidad del mercado. Cuando un algoritmo toma una decisión basada en datos sesgados o en una "burbuja de atención" en redes sociales, ¿quién responde? La regulación actual exige "cajas negras" auditables, pero los modelos de "caja negra" de la IA (como las redes neuronales profundas) son intrínsecamente difíciles de explicar. Las autoridades financieras exigen ahora pruebas de estrés específicos para la IA, simulando escenarios de "flash crash" donde la correlación entre activos se rompe súbitamente.

Finanzas verdes y la crisis del "Greenwashing"

El derecho financiero verde busca traducir la sostenibilidad en obligaciones jurídicas vinculantes. El término "ESG" (Ambiental, Social y Gobernanza) ha pasado de ser una métrica de marketing a un conjunto de datos auditables. La regulación clave en 2026 sigue siendo el Reglamento de Divulgación de Sostenibilidad de la UE (CSRD), que obliga a las empresas a reportar datos no financieros con el mismo rigor que los financieros. El mayor riesgo legal es el "greenwashing": afirmar que un activo es sostenible sin evidencia cuantitativa. Los tribunales están comenzando a aceptar demandas colectivas de inversores que argumentan que la falta de transparencia sobre el riesgo climático distorsionó el precio de las acciones. Esto convierte al cambio climático en un riesgo jurídico directo, no solo operativo.

La tensión entre innovación y estabilidad

La innovación financiera tiende a reducir fricciones, pero también puede amplificar choques sistémicos. El derecho financiero debe equilibrar dos fuerzas opuestas: la necesidad de atraer capital hacia nuevas tecnologías y la obligación de proteger al inversor minorista. Las soluciones intermedias, como los "sandboxes regulatorios" (espacios de prueba controlada), permiten a las empresas operar bajo reglas flexibles durante un tiempo limitado. Pero estos mecanismos tienen un límite: si la innovación crece más rápido que la capacidad de supervisión, la estabilidad del sistema entra en riesgo. El futuro del derecho financiero no será estático; será un proceso continuo de ajuste, donde la ley intenta ponerse al día con la realidad tecnológica, a menudo un paso por detrás.

Preguntas frecuentes

¿El derecho financiero es lo mismo que el derecho tributario?

No son idénticos, aunque están estrechamente relacionados. El derecho tributario se centra específicamente en los impuestos (ingresos), mientras que el derecho financiero abarca todo el ciclo: ingresos, gastos, deuda pública y el presupuesto general del Estado.

¿Quién regula el derecho financiero en España?

La regulación principal proviene de la Constitución Española, la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera y del Presupuesto General del Estado. Además, las comunidades autónomas y los municipios tienen sus propias normas financieras adaptadas a su ámbito territorial.

¿Qué es la "ley de estabilidad presupuestaria"?

Es una normativa clave que obliga a las administraciones públicas a mantener sus gastos por debajo de sus ingresos, limitando el déficit y la deuda pública para asegurar la sostenibilidad económica a largo plazo.

¿Cómo afecta el derecho financiero a las empresas privadas?

Las empresas se ven afectadas indirectamente a través de los impuestos que pagan y directamente cuando contratan con el Estado o emiten bonos en el mercado de valores, donde la regulación financiera determina las condiciones de crédito y riesgo.

¿Qué papel juegan los tribunales en el derecho financiero?

Los tribunales, especialmente los tribunales de cuentas y los tribunales económicos-administrativos, controlan que el gasto público se haya realizado conforme a la ley y que los recursos se hayan utilizado de manera eficiente y sin desperdicio.

Resumen

El derecho financiero constituye el esqueleto jurídico de la economía pública, regulando desde la recaudación de impuestos hasta la ejecución del presupuesto estatal. Su evolución histórica refleja el paso de una gestión monárquica y discrecional a un sistema moderno basado en la transparencia, el equilibrio presupuestario y el control parlamentario. Comprender esta disciplina es esencial para analizar cómo los gobiernos financian sus políticas y gestionan la deuda pública en un entorno económico globalizado.

Las diferencias con el derecho tributario y otras ramas jurídicas son sutiles pero importantes, ya que el derecho financiero ofrece una visión integral del flujo de dinero público. Los desafíos actuales, como la digitalización de la hacienda pública y la necesidad de sostenibilidad fiscal post-pandemia, están redefiniendo las normas que rigen la economía del Estado en 2026.

Véase también

Referencias

  1. «derecho financiero» en Wikipedia en español
  2. International Monetary Fund - Fiscal Monitor
  3. OECD - Tax Policy and Governance
  4. World Bank - Public Financial Management
  5. BOE - Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público